Esta comisión se ha celebrado a iniciativa del actual equipo de Gobierno después de que el alcalde de la ciudad, Emiliano García-Page, anunciara hace pocos días que la convocaría para informar de los pormenores de dicha tramitación y después de que el Gobierno municipal anunciara que estudia personarse como acusación particular en el caso Bárcenas ante este supuesto caso de corrupción.
Durante la celebración de esta comisión municipal, se ha requerido a los técnicos del Ayuntamiento de Toledo su valoración acerca de determinadas cuestiones y singularidades relativas al expediente de adjudicación de este contrato a la empresa Sufi-Sacyr por un importe de 63 millones de euros y un periodo de 10 años.
Entre dichas singularidades, destacan que la valoración de las ofertas no fue realizada por los técnicos municipales, sino por una empresa externa, un trámite inusual que no se ha vuelto a aplicar, o la ausencia del informe del economista municipal, que es el encargado de realizar el seguimiento del cumplimiento del servicio.
A esto hay que sumar un error en la duración del contrato, pues en algunos casos se estipula en siete años prorrogables otros siete, aunque finalmente se fija en diez años ampliables a cuatro más; un desajuste menor que, sin embargo, se añade al resto de imprecisiones.
Asimismo, se ha consultado acerca del hecho de que el contrato se firmara sin que se hubiera renovado el convenio laboral, lo que produjo un conflicto con los trabajadores que el Gobierno local del PP resolvió con la firma de un documento sin trámite administrativo. Este detalle provocó que, desde entonces, el Ayuntamiento haya tenido que asumir un sobrecoste de 600.000 euros.