El portavoz municipal, Rafael Perezagua, ha asegurado que los vecinos recibieron todos los escritos remitidos entre ambas administraciones y les explicó que la última revisión catastral realizada en la ciudad supuso una importante subida del valor de los inmuebles, al realizarse en el momento de máximo auge de la burbuja inmobiliaria.
Perezagua argumentó ante los vecinos que se acordó aplicar esos nuevos valores catastrales en un máximo de 10 años de manera gradual, lo que provoca que en los últimos años se haya situado en sus valores más altos, provocando subidas del IBI, a pesar de que el Ayuntamiento aplica el segundo escalón del mínimo coeficiente permitido por Ley (0,42).
En este sentido, Perezagua ha afirmado que otras ciudades de Castilla-La Mancha aplican coeficientes superiores, entre el 0,6 y el 0,7 y que el problema no radica, por tanto, en el gravamen aplicado por el Gobierno municipal, sino en los valores catastrales a los que se aplica dicho coeficiente.
Rafael Perezagua ha asegurado que el Gobierno municipal trasladó a los vecinos su intención de estudiar la repercusión de la revisión parcial y que se tendrá en cuenta el cumplimiento del equilibro presupuestario al que están sometidos los Ayuntamientos por el Plan de Ajuste del Gobierno de España.
Perezagua volvió a recordar que la intención del equipo de Gobierno es mantener los servicios públicos municipales sin que esto suponga el despido de empleados públicos ni de trabajadores de las empresas concesionarias.