El Ayuntamiento estudia personarse en el proceso judicial tras las declaraciones sobre el cobro de comisiones por el PP - Ayuntamiento de Toledo

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González, el portavoz municipal, Rafael Perezagua, ha expresado la preocupación del equipo de Gobierno porque se ha situado a la ciudad en el mapa de la presunta financiación irregular del PP y ha asegurado que, si se confirma “la mordida de 200.000 euros” que supuestamente cobró el PP de Castilla-La Mancha, “vamos a reclamar que se reintegre a las arcas municipales”.

Perezagua ha explicado que el contrato asociado a la supuesta comisión cobrada por dirigentes del PP de Castilla-La Mancha se refiere a la adjudicación realizada a la empresa Sufi, filial de Sacyr, en enero de 2007 –unos meses antes de que los populares perdieran la Alcaldía- y que contiene “singularidades” si se compara con otros contratos municipales del mismo volumen.

En este sentido, Gabriel González ha señalado que, como es lógico, en el expediente municipal de ese contrato “no hay rastro de la presunta comisión”, aunque tiene “excepcionalidades un poco extrañas” para la manera de proceder que suele emplear el Ayuntamiento en estos casos.

“Legal, pero inusual”

La primera de estas singularidades es que la valoración de las ofertas no fue realizada por los técnicos municipales, sino por una empresa externa, un trámite “legal, pero inusual” que no se ha vuelto a aplicar. También ha detallado que no se recoge el informe del economista municipal, que es el encargado de realizar el seguimiento del cumplimiento del servicio.

A esto hay que sumar un error en la duración del contrato, pues en algunos casos se estipula en siete años prorrogables otros siete, aunque finalmente se fija en diez años ampliables a cuatro más; un desajuste menor que, sin embargo, se añade al resto de imprecisiones.

El concejal de Gestión de los Servicios se ha detenido en el hecho de que el contrato se firmó sin que se hubiera renovado el convenio laboral, lo que produjo un conflicto con los trabajadores que el Gobierno local del PP resolvió con la firma de un documento “sin trámite administrativo”. Este detalle ha provocado “que, desde entonces, el Ayuntamiento haya tenido que asumir un sobrecoste de 600.000 euros que estamos pagando todos los toledanos”.

Por otro lado, ha quedado demostrado que las mejoras que planteaba la empresa adjudicataria en su oferta “no han sido útiles ni eficaces” y que las papeleras que pretendía instalar eran de baja calidad y no estaban acorde con el entorno patrimonial del Casco, por lo que finalmente se eligió el actual modelo de hierro, con el consiguiente incremento económico.

A preguntas de los periodistas, Gabriel González ha precisado que, tras la firma de este contrato, el Ayuntamiento, todavía gobernando por el PP, contrató a la misma concesionaria para que se hiciese cargo del mantenimiento de viales por un periodo de cuatro años, a cuyo término el actual equipo de Gobierno no renovó y destinó para tal función a personal propio del Consistorio.

Por último, Rafael Perezagua ha defendido la labor del gerente, capataces y resto de trabajadores de la empresa Sufi, que han demostrado una gran profesionalidad que permite ver a la ciudad “más limpia que nunca” y ha insistido en que el Gobierno local defenderá los intereses de los toledanos contra quienes “han machado de basura la imagen de Toledo”.

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