En rueda de prensa
- La concejal de Obras y Servicios ha indicado que el principio fundamental de esta normativa es la ejecución simultánea de servicios, y de esta forma, “cuando se abra una vía pública, se coordinarán todas las intervenciones en ese punto para evitar aperturas sucesivas, reduciendo así, el impacto sobre el vecino, el tráfico y la actividad comercial”.
La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina ha presentado hoy las novedades de la nueva Ordenanza de Zanja Única, una normativa que ya ha entrado en vigor y que supone un cambio en la forma de regular las actuaciones que se realizan en la vía pública y que persigue “agilizar las obras, reducir molestias y proteger el patrimonio urbano”.
En este sentido, Molina ha explicado que la ordenanza regula intervenciones como la apertura de zanjas, canalizaciones, acometidas de servicios, instalación de fibra o telefonía, creación de rampas de accesibilidad, así como actuaciones municipales urgentes ante averías, “aunque estos trabajos se habían realizado hasta ahora mediante un único contrato con una sola empresas, con el nuevo modelo, el procedimiento se abre a varias empresas homologadas y de este modo, los ciudadanos podrán elegir la opción que mejore se adapte a sus necesidades y presupuesto, favoreciendo la competencia y la eficiencia».
De este modo, la concejal de Obras ha indicado que el principio fundamental de esta normativa es la ejecución simultánea de servicios, y así “cuando se abra una vía pública, se coordinarán todas las intervenciones en ese punto para evitar aperturas sucesivas, reduciendo así, el impacto sobre el vecino, el tráfico y la actividad comercial”.
Para poder operar, las empresas deberán cumplir requisitos técnicos y profesionales como contar con personal cualificado, disponer de maquinaria adecuada, acreditar un volumen anual mínimo de trabajo de 200.000 euros y presentar una garantía iniciar de 20.000 euros. La homologación tendrá una vigencia de dos años, renovable si se mantienen las condiciones exigidas y, además, durante las obras deberán garantizar la señalización, vallado y accesos seguros para peatones, bajo supervisión de los técnicos municipales.
Todas las actuaciones, ha continuado Loreto Molina, estarán sujetas al pago de la correspondiente licencia municipal, “que será el único importe que deberán al Ayuntamiento, ya que el coste de la ejecución será pactado directamente entre el solicitante y la empresa elegida”. Eso sí, en caso de incumplimientos, la ordenanza establece un régimen sancionador que contempla multas y, si procede, la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento con cargo a la empresa responsable.
Además, la reposición del pavimento deberá realizarse con materiales y características idénticas a las existentes y si la intervención afecta a más del 50 por ciento de una calle, “se exigirá la renovación completa del tramo para garantizar uniformidad y calidad», ha explicado.
Por último, Molina ha insistido en que “el espíritu” de esta Ordenanza es “proteger el patrimonio, minimizar molestias y mejorar la calidad del servicio público”, destacando que en zonas históricas será obligatoria la supervisión arqueológica debido a la frecuente aparición de restos.
