Preguntado por la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 4 que obliga a la EMV a pagar más de 254.000 euros a los propietarios de estas viviendas, el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, ha manifestado que esta promoción “ya empezó mal” con unas graves deficiencias en las cubiertas, problemas administrativos y calidades contratadas que no se reflejaron en la obra.
Perezagua ha señalado que el Gobierno del PP sorteó esta promoción de viviendas durante la campaña electoral de 2003 y que incluso antes de que dieran comienzo los trabajos los responsables de la EMV aprobaron un sobrecoste de 2,2 millones de euros “y dijeron que las casas iban a tener unas calidades insuperables”.
Desde que se entregaron las llaves en 2005 los problemas se han reproducido en las viviendas, aflorando humedades, desperfectos, grietas y, como colofón, un modelo de cubierta plana que tuvo que ser modificada para convertirla en un tejado más eficaz.
Por todo ello, el PP “tiene que pedir perdón y reconocer la lesiva actuación que ha tenido con todo los toledanos y con los adjudicatarios de las viviendas por su gestión en la EMV”. Mientras tanto, el actual gerente “está trabajando para que el problema afecte lo menos posible a la Administración municipal y en enmendar los desarreglos del PP, que realizó la peor promoción en la historia de la Empresa Municipal de la Vivienda”.
Atender las demandas
El gerente de la EMV, Javier Ruedas, ha explicado que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 fija 254.292,14 euros como indemnización por daños y perjuicios, una cifra que se aproxima más a las evaluaciones realizadas por la EMV para atender los desperfectos (180.000 euros) que a las pretensiones de los demandantes, que pedían 900.000 euros.
El actual equipo de directivo de la Empresa Municipal de Vivienda siempre ha reconocido la necesidad de atender las demandas de los propietarios ante el evidente mal estado de los inmuebles. De hecho, se realizaron las correspondientes reparaciones en seis viviendas, con un valor por casa de entre 6.000 y 10.000 euros.
Javier Ruedas ha expresado el deseo de la entidad de asumir su responsabilidad como servicio público, atender a los residentes y solucionar el problema “cuanto antes” garantizando los márgenes de calidad y seguridad. No obstante, ha indicado que se trata de un conflicto “heredado” fruto de la mala gestión del Partido Popular.