En la propuesta que defenderá Antonio Guijarro se expone que el paro es el principal problema que afecta a los ciudadanos de Toledo y del conjunto del país y de ahí que sea preciso la intervención por parte de quien tiene competencias en materia de empleo y formación, que es el Gobierno regional.
Tras varios retrasos en la convocatoria, el pasado mes de noviembre se dio a conocer la convocatoria de ayudas, a la que el Ayuntamiento de Toledo presentó 13 proyectos para otros tantos Talleres de Empleo “con los que ofrecer formación y empleo durante 6 meses a 130 toledanos mayores de 25 años”; además, se contemplaba la contratación de 20 profesores y maestros.
No obstante, las solicitudes del Ayuntamiento fueron rechazadas, esgrimiendo para ello que no cumplían los requisitos “al tener deudas este Ayuntamiento con la Seguridad Social y no haber realizado la compensación que la Junta tiene con el Consistorio”, según argumentó el delegado de la Junta, Fernando Jou.
En la moción se recoge que en los proyectos se acreditaba con la documentación correspondiente que se cumplían los requisitos establecidos por la Junta, a tenor de lo cual el equipo de Gobierno teme que la decisión de la Administración autonómica se basa en criterios “políticos y guiada por el sectarismo”.
Por este motivo, el concejal del Empleo planteará en el Pleno exigir al Gobierno regional que antes de la resolución definitiva “rectifique la decisión anunciada por el delegado de la Junta para que por parte de los técnicos de ambas administraciones se contraste el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos”, propuesta para la que espera el apoyo de los grupos políticos al objeto de ofrecer a los desempleados de Toledo el mayor número de oportunidades posibles”.
Buenas prácticas
El orden del día también incluye la proposición rubricada por el concejal de Urbanismo para instar al Gobierno de España a que se realicen las modificaciones legislativas necesarias “para evitar la grave situación que están viviendo numerosas familias de nuestro país” en la relación con los desahucios hipotecarios.
La moción también pide el apoyo del Pleno para que la Junta de Gobierno Local suscriba los nuevos contratos que realice el Ayuntamiento con entidades financieras que estén adheridas al Código de Buenas Prácticas y que actué como mediador entre las entidades bancarias y los afectados por desahucios a través de los Servicios Sociales. También se plantea que los Servicios Tributarios del Consistorio estudien medidas de apoyo fiscal a las personas desahuciadas.