El equipo de Gobierno pide a la Junta que recapacite y no suprima los servicios sociales que son de su competencia - Ayuntamiento de Toledo

Rafael Perezagua, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de la concejal de Economía y Personal, Paloma Heredero, ha explicado que la Administración autonómica plantea un recorte en el servicio de Ayuda a Domicilio que supone la reducción del cincuenta por ciento de las horas que presta este servicio.

El portavoz del equipo de Gobierno lamenta que desde el Ejecutivo regional se insinúe que sean los usuarios los que suplan el recorte a través del pago directo y ha recordado que el copago ya existe y se realiza conforme a las rentas de las personas atendidas. Así, el 84,7 por ciento de los usuarios pagan entre 3,55 y 53 euros al mes, y el resto abona entre 64 y 234 euros.

Independientemente de los aspectos laborales, el recorte de este servicio supondría un aumento en la solicitud de plazas en las residencias. Por ello, Rafael Perezagua entiende que su supresión generará más gasto en otras partidas, ya que la ayuda a domicilio resuelve problemas desde la cercanía y evita el desarraigo de las personas que reciben la asistencia en sus casas.

El portavoz del Gobierno local ha pedido a los responsables autonómicos que muestran más sensibilidad con estos asuntos y den marcha atrás en esta cuestión para evitar que se eche por tierra uno de los pilares más sólidos del estado del bienestar.

46.300 horas

El concejal ha señalado que la Ayuda a Domicilio presta 46.300 horas al año, que pasarían a ser 23.000. El servicio lo realiza la empresa Valoriza, que destina a este fin entre 50 y 60 auxiliares, que podrían verse afectados por esta medida. Los domicilios adscritos son 330 y 54 las personas dependientes que reciben esta asistencia.

El coste del servicio es sufragado en un 75 por ciento por la Junta de Comunidades, y el resto corre a cargo del Ayuntamiento. En este sentido, el Consistorio realiza un esfuerzo al reconocer el precio de la hora de trabajo en 16,46 euros, mientras que la Administración regional valora este trabajo en 10,68 euros la hora.

Convenios anuales

La concejal de Economía y Hacienda, Paloma Heredero, ha recalcado que los servicios sociales que se van recortar son competencia de la Junta de Comunidades, que desarrollan los ayuntamientos a través de convenios que se revisan anualmente.

Ha desvelado que el Ayuntamiento ha requerido desde el mes de octubre a la Administración regional que explique la situación de estas partidas y su continuación el año que viene. La respuesta recibida ha sido “la callada por respuesta”, a excepción del Centro de la Mujer, de la que se informa que continuará pero sin especificar el instrumento que lo desarrolla.

Ante este panorama, el Consistorio, ateniéndose a la regulación laboral, no ha tenido más opción que enviar a los trabajadores afectados el preaviso de la supresión de los contratos, ya que los convenios quedan extinguidos a 31 de diciembre al no prorrogarse los acuerdos. En este contexto, el Ayuntamiento “se encuentra en una situación de indefensión, ya que no ha podido actuar hasta el último momento”.

No obstante, ha asegurado que antes enviar las cartas de finalización del contrato, la concejal de Servicios Sociales, Ana Saavedra, ha mantenido informados a los trabajadores afectados, 17 en total, que se corresponden con los servicios del Plan Local de Integración Social, Servicio de Atención y Mediación Intercultural, Kanguras, Animadores Socioculturales de Mayores y Oficina Municipal de Información al Consumidor.

En cuanto a las casas de acogida y el Centro de la Mujer, el Consistorio realizará “un esfuerzo mayor” para mantenerlo hasta conseguir un compromiso por parte de la Junta de Comunidades, pues de otra forma tendría que cerrar sus puertas el 31 de diciembre “y eso no lo vamos a hacer”.

Por último, Paloma Heredero ha agradecido el apoyo y comprensión mostrada en estos “momentos difíciles” por el Comité de Empresa del Ayuntamiento, y ha anunciado que el concejal de Empleo convocará próximamente a los agentes de la Mesa Local por el Empleo para estudiar esta situación.

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