Las Oficinas de Atención al Ciudadano de los distritos realizaron un total de 31.456 gestiones relacionadas con diversos ámbitos de la administración local como son el padrón, la gestión de tributos, la solicitud de espacios o el registro de documentos.
En este sentido, el Polígono registró 13.901 solicitudes; Santa Bárbara, 6.952 y el Distrito Norte, 10.603.
En relación con el buzón del ciudadano, el Gobierno municipal ha recibido en el mismo un total de 1.366 correos electrónicos que han propiciado cerca de dos mil comunicaciones con los distintos servicios municipales, generándose una media de 114 mails mensuales, cuatro al día.
Estas comunicaciones han sido contestadas en un 91,1% de los casos por las mismas vías de recogida o a través de llamadas telefónicas, mientras que las no resueltas ha sido por no poseer datos para realizar la gestión (teléfono, nombre, dirección, mail, etc.).
El área de Gestión de los Servicios, Movilidad y Transporte han aglutinado el mayor número de peticiones de información.
Utilidad para el ciudadano
El 20 de junio de 2001 el Pleno Municipal dio el visito bueno a la creación de una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones concebida como una herramienta más de la que disponen los toledanos para hacer llegar sus quejas o aportaciones a su Ayuntamiento.
Esta herramienta de Participación Ciudadana se puso en marcha con un “gran esfuerzo” por parte de la administración local, debido a su falta de recursos económicos y falta de competencias, con la intención de hacer que los ciudadanos tuvieran una participación activa en la ciudad.
El Gobierno local, consciente de la importancia de la participación de los vecinos en los asuntos diarios que les preocupan, ha gestionado esta herramienta desde entonces en contraposición con la actitud que ante la participación ciudadana realizan otras administraciones.
En este sentido, es necesario recordar que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, suprimió en el año 2011 la figura del Defensor del Pueblo de la región, dejando a los ciudadanos indefensos ante posibles reclamaciones ante la administración.