La concejal de Hacienda, Paloma Heredero, acompañada por el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Movilidad, Rafael Perezagua, y por el concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa estas dos medidas, a las que se ha visto obligado el Consistorio toledano para poder cumplir con los objetivos impuestos por el Estado y, al mismo tiempo, garantizar los servicios públicos municipales. Ambas medidas se aplicarán en el segundo semestre del año y deberán detallarse técnicamente más adelante.
Heredero ha explicado que el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria incluye el objetivo de déficit cero en el horizonte 2020 también para los ayuntamientos y propone medidas sancionadoras a las administraciones que no cumplan con estos compromisos. A estas obligaciones se suman también la falta de pagos al Ayuntamiento por parte de otras instituciones públicas, principalmente la Junta de Comunidades, y otros recortes que afectan a los servicios que presta el Consistorio.
A pesar de este escenario, la concejal ha explicado que la situación financiera del Ayuntamiento “no es de las peores” gracias a que desde hace meses se llevan a cabo medidas de ahorro y de eficiencia energética en el alumbrado público, las fuentes ornamentales, la iluminación artística y también el servicio de autobuses, con la racionalización de las rutas y el aumento del precio del billete a las usuarios menos habituales.
Ahora, el equipo de Gobierno inicia la puesta en marcha de otras medidas “que son necesarias para que el plan económico del Ayuntamiento sea aprobado por el Gobierno”, ha dicho la concejal, quien ha adelantado que su departamento ya está estudiando otras decisiones como la tasa turística, la supresión de las horas extra y el cobro en los aparcamiento disuasorios.
La nueva tasa, de las más bajas de España
Por su parte, el concejal de Gestión de los Servicios ha informado de que la nueva tasa de residuos es una herramienta que se recoge en la Ley de Haciendas Locales y que emplean la mayor parte de los municipios. Ha explicado que se distinguirán los usos comerciales y los residenciales y se aplicará a la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos, un servicio que actualmente supone un coste de unos cuatro millones de euros a las arcas municipales.
No obstante, el equipo de Gobierno va a renunciar a utilizar la tasa para financiar por completo el coste de este servicio, con el fin de que no repercuta en demasía a los ciudadanos. En este sentido, el edil aseguró que la nueva tasa “va ser una de las más baratas de España” que, además, en los próximos años llevará consigo una mejora del servicio.
Gabriel González ha explicado que esta decisión llega después de que el Consorcio Provincial de Medio Amiente haya aumentado un 40 por ciento la tasa por el tratamiento de los residuos, la caída de un 35 por ciento de los ingresos municipales y la falta de pagos por parte de la Administración regional. Ha reconocido que a los ciudadanos se les pide así un esfuerzo en tiempos de crisis, pero ha recalcado que la actual situación “hace inviable el sistema de gratuidad del servicio”.
Preguntado por la incorporación de la antigua tasa de basuras en el recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), González ha recordado que aquella fue una argumentación política, porque, legalmente, un impuesto no puede incluir una tasa, y que se optó en los años ochenta por compensar en el IBI la supresión de una tasa que, por otra parte, desapareció dada la ineficacia en el cobro y no contemplaba los costes de tratamiento, reciclaje y recogida selectiva que se hace ahora en la ciudad.
El concejal de Gestión de los Servicios, quien ha insistido en que esta tasa no tendrá un carácter recaudatorio, ha anunciado que la próxima semana comenzará a reunirse con los responsables de grupos políticos y colectivos de la ciudad para darles a conocer las condiciones económicas y los parámetros con los que se va a aplicar esta medida.
Nueva Tarjeta Naranja
El concejal de Movilidad, Rafael Perezagua, ha sido el encargado de explicar la puesta en marcha en el servicio de autobuses urbanos de la Tarjeta Naranja para pensionistas. El nuevo sistema elimina la gratuidad para todos los usuarios, aunque permanece para los viajeros con las pensiones más bajas, mientras que las personas mayores que dispongan de pensiones más altas contribuirán con el sostenimiento del servicio con un precio por billete en torno a los 30 céntimos.
Esta medida se suma a otras ya emprendidas por el equipo de Gobierno relativas a la reordenación de los servicios los fines de semana y la subida de la tarifa general para los usuarios esporádicos, ha dicho Perezagua, quien ha detallado que el objetivo es compensar la elevada subvención que recibe el transporte público por parte del Ayuntamiento y que supone más del 50 por ciento del coste total de servicio (más de 4 millones de euros al año de los 8 que cuesta).
En este sentido, ya se ha iniciado el procedimiento para la correspondiente modificación del Reglamento del Transporte Público para que la medida pueda ser aplicada, al igual que la tasa de residuos, en el segundo semestre del año.