A preguntas de los medios durante su visita a las obras de rehabilitación de la calle de Santa María la Blanca, el alcalde se ha dirigido a los propietarios de los locales de la plaza de Cuba para expresar su compromiso “de analizar con detalle esta situación para alcanzar un punto de acuerdo entre los distintos intereses que están en juego”.
Ha insistido en que desde el equipo de Gobierno “nos vamos a esforzar en encontrar todos juntos un punto de equilibrio” entre los intereses de los vecinos y los negocios empresariales. El alcalde ha afirmado que para alcanzar soluciones es preciso en primer lugar huir de la crispación “porque no va a ayudar a resolver ningún problema”; también se ha referido a la necesidad de que las medidas que se adopten estén amparadas legalmente y, por último, que se mantenga el consenso político y se alcance “el mayor consenso entre todos los interesados”.
“Mi compromiso es llegar a un acuerdo, y eso requerirá sosiego y que se rebaje la crispación, porque desde la crispación la ciudad no va realizar ningún bandazo y porque creo que es posible aplicar la normativa con equidad para que los locales no se vean perjudicados”, ha recalcado.
García-Page ha asegurado que se trata de un asunto “extraordinariamente complejo” que incluso ha llegado a los tribunales de justicia con sentencias penales en contra de los locales, además de otros expedientes que se encuentran en trámite. Por eso, ha asegurado que el Ayuntamiento “no va a dar ningún bandazo”, ni va a cambiar la estrategia “en la conciliación de los intereses de la salud de los vecinos y el estado económico de los establecimientos”.
Contactos con los empresarios
El alcalde ha explicado que ha dado orden a los concejales involucrados en esta cuestión para que se pongan en contacto de manera individual con los empresarios afectados para estudiar su caso y avanzar en una solución que conjugue los derechos de los vecinos y los intereses de los establecimientos.
También ha recordado que el entorno de la plaza de Cuba y el barrio de Santa Teresa es una de las zonas con mayor concentración de locales por metro cuadrado de toda España, lo que obligó a aprobar una ordenanza para hacer respetar los límites legales de ruido, una normativa que contó con el consenso de todos los grupos políticos.