Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos señala que las medidas para abordar las detenciones arbitrarias se han estacado y que cientos de personas siguen sufriendo arrestos injustificados. Además, gran parte de los detenidos son víctimas de torturas y otros abusos en las cárceles.
Desde que resurgieron las hostilidades en 2014, los grupos armados de ambos bandos acorralan a opositores, críticos, activistas, médicos, periodistas y políticos. “Se detiene de forma arbitraria o ilegal a hombres, mujeres y niños, privándolos de su libertad sobre la base de sus lazos tribales y familiares o su afiliación política”, señala el informe.
Se estima que 6500 personas permanecen aprisionadas bajo la supervisión de la policía del Ministerio de Justicia, pero no existen datos sobre las instituciones que teóricamente se encuentran bajo el control de los ministerios de Defensa o Interior, ni de los dirigidos directamente por grupos armados.
El informe, publicado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en el país, sintetiza las principales preocupaciones de derechos humanos con respecto a las detenciones desde que se firmó el Acuerdo Político Libio el 17 de diciembre de 2015.
“En vez de frenar a los grupos armados e integrar a sus miembros bajo el mando y control del Estado, los Gobiernos libios les han confiado de forma constante la aplicación de la ley, lo que incluye los arrestos y detenciones, la paga de salarios y la provisión de equipamiento y uniformes”. De esta forma, su poder ha crecido sin la supervisión de las autoridades.
Las familias también son víctimas
El informe deja al descubierto el horror experimentado por los libios privados de libertad, pero también el sufrimiento de sus familias. Los secuestros y la toma de rehenes constituyen prácticas habituales. En muchos casos, los familiares de los afectados desconocen su paradero. De hecho, en el momento de la detención, los grupos armados niegan el contacto exterior a los arrestados.
“Angustiada, la gente busca a sus familiares, viaja a los centros de detención, ruega ayuda a los conocidos que tienen vínculos con los grupos armados y los cuerpos de seguridad o inteligencia, o intercambia información con las familias de otros detenidos o de las personas desaparecidas”, dice el informe.
Arbitrariedad e ilegalidad
Los tratos inhumanos, protagonizados por la tortura, se han convertido también en costumbres en las prisiones libias.
Estas instituciones son conocidas por la tortura endémica y otras violaciones y abusos de derechos humanos.
Mientras los responsables de los apresamientos continúan impunes, las víctimas no disponen prácticamente de recursos judiciales ni procesos de apelación. Por ejemplo, la institución situada en la base aérea de Mitiga, en Trípoli, acoge a 2600 hombres, mujeres y niños sin acceso a autoridades judiciales.
Además, se ha denunciado la muerte de cientos de personas bajo custodia policial. Sus cadáveres aparecen en las calles, hospitales y vertederos, muchos atados o con marcas de torturas y disparos.
Justicia para las víctimas
El informe indica que las autoridades deben condenar de forma pública y firme la tortura, los tratos inhumanos y las ejecuciones sumarias de los detenidos, así como asegurar que se exigirán responsabilidades a los autores.
“[Esto] requiere que las autoridades libias actúen y lo hagan con el apoyo de la comunidad internacional”. Resulta necesario compensar a las víctimas y sus familias, y prevenir que estos crímenes se repitan.
Se exige a los actores que tienen control del territorio y ejercen las tareas de gobierno que excarcelen a quienes han sido detenidos de forma arbitraria o ilegal y se les traslade a prisiones oficiales bajo el control efectivo y exclusivo del Estado.
El informe concluye que, de no hacer nada, el sufrimiento de las víctimas se perpetuará y habrá más pérdidas. Además, perjudicará cualquier esfuerzo en aras de la estabilización, el mantenimiento de la paz y la reconciliación.
Fuente: https://news.un.org