Perezagua: “La paralización del POM significaría no tramitar el proyecto modificado del Hospital de Toledo” - Ayuntamiento de Toledo

Perezagua: “La paralización del POM significaría no tramitar el proyecto modificado del Hospital de Toledo”


La paralización del POM solicitada constantemente desde filas populares perjudicaría gravemente los intereses de los toledanos dado que la  realización de  una segunda información pública del documento lo anularía temporalmente negando la tramitación  de cualquier tipo de licencia requerida al Ayuntamiento.

A este respecto, el portavoz municipal ha recordado que incluso la sentencia de 24 de abril de 2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Albacete hacía referencia al daño  que traería este asunto para la ciudad ya que “(…)los perjuicios que se ocasionarían con la ejecución provincial de la sentencia afectarían no solo a los intereses de promotores, constructores, propietario de suelo, posibles adquirientes de vivienda, etc, sino también a intereses públicos y generales relevantes en cuanto a la prestación de servicios públicos (…)”

En este sentido, Perezagua también ha afirmado que la paralización del POM supondría un gasto de 11.730 millones de euros, lo cual queda reflejado en el citado texto legal.

 Iniciativa de amparo ante el TC por “Conflicto competencial”

Perezagua ha recordado que el Plan de Ordenación Municipal de Toledo se realizó en base a la LOTAU (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística regional), que contó con el beneplácito y los informes preceptivos favorables de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que el texto se encuentra ahora en esta situación tras las sentencias que insisten en la necesidad de realizar una segunda información pública, según dicta la normativa de ámbito Estatal.

En sentido, el portavoz considera que existe un “conflicto competencial” en materia urbanística que puede afectar a muchos Ayuntamientos” por ello, ha propuesto a la Administración regional que ofrezca seguridad jurídica a los entes locales y que tramite una “iniciativa de amparo” ante el Tribunal Constitucional con el fin de que los Ayuntamientos conozcan “exactamente el camino urbanístico que deben emprender”.