García-Page ha agradecido a los organizadores de este curso la elección de Toledo para desarrollar las mesas redondas y conferencias previstas, y ha invitado a los participantes a que descubran tras las sesiones de trabajo el rico patrimonio cultural de la ciudad.
Durante su intervención, el alcalde ha afirmado que una sociedad que quiera considerarse moderna, sana y justa “debe basarse inevitablemente en el concepto de la no discriminación”; y ha asegurado que ante la actual situación de crisis mundial “no nos podemos permitir dejar a nadie en la cuneta”, para lo que ha destacado la labor que realizan jueces, abogados y fiscales en pos de lograr la igualdad real entre todas las personas.
García-Page espera que estas jornadas sirvan para no cuestionar jamás el avance en la consecución de derechos para los discapacitados, porque “no podremos competir bien si damos un paso atrás” en este tipo de cuestiones.
Desde 2003
Durante estos días se darán cita en Toledo profesionales de la magistratura, abogados, fiscales, representantes de asociaciones de discapacitados y otros expertos para debatir iniciativas ideas y reflexiones sobre la protección de los derechos de este colectivo.
Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, el ámbito jurídico de la capacidad, tratamientos ambulatorios o la administración de justicia son algunos de los de los aspectos que se tratarán en las conferencias y charlas previstas en el programa de este Congreso.
El Foro de Justicia y Discapacidad fue creado en 2003 por el Consejo General del Poder Judicial con la finalidad de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y el objetivo de favorecer el acceso de las personas discapacitadas a la Justicia en condiciones de igualdad.
Esta entidad cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio Fiscal, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General del Notariado y está avalado por la Fundación Aequitas, el Colegio de Registradores de España, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, la Fundación ONCE y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).