El Gobierno municipal, preocupado por la investigación del Tribunal de Cuentas por irregularidades en la época del PP - Ayuntamiento de Toledo

Preguntado por este asunto durante la visita que ha realizado al barrio del Polígono, García-Page ha asegurado que está siguiendo este caso “con preocupación” porque “nos hemos encontrado con una investigación del Tribunal de Cuentas que acusa de graves irregularidades a los anteriores gestores del Ayuntamiento”.

Emiliano García-Page ha afirmado que su equipo de Gobierno no va a actuar “como lo harían los responsables del PP, sino que defenderemos los intereses de los toledanos aunque los implicados sean de otro partido político”.

Expediente de reintegro

Previamente, el portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, ha explicado que es el fiscal del Tribunal de Cuentas el que ha iniciado un “expediente de reintegro” por pagos indebidos realizados al personal funcionario del Ayuntamiento en los años 2002 y 2003.

Estas retribuciones se realizaron en cumplimiento de un convenio laboral aprobado en aquella época y que posteriormente fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo, que ratificaba una decisión del Tribunal Superior de Justicia. Este proceso judicial fue iniciado por el recurso interpuesto por la Delegación de Gobierno, entonces dirigida por Juan Ignacio Zoido.

Rafael Perezagua ha precisado que el Tribunal de Cuentas requiere del Ayuntamiento las cantidades abonadas y los datos de las personas que ordenaron estos pagos, siendo en aquella época concejales de Hacienda Juan Manuel de la Fuente, actual director general de la Función Pública (2002), y Lamberto García Pineda (2003).

Ahora, el objetivo del equipo de Gobierno es defender los intereses municipales y evitar que el Ayuntamiento “quede mermado por la mala gestión del PP”, ha dicho Perezagua, quien ha pedido a los responsables del Partido Popular que ofrezcan una explicación a los ciudadanos.

En cualquier caso, y pese a la gravedad del requerimiento, el Gobierno municipal espera que la cuestión se mantenga en el ámbito de las deficiencias administrativas y no se deriven mayores responsabilidades que pudieran dañar la imagen del Ayuntamiento.

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